domingo, 30 de mayo de 2010

BALTASAR GARZÓN Y SU CRUZ

UN PAÍS DE PANDERETA CON UNA JUSTICIA DE PEINETA


Demostrado queda, que el estado español es una de las mayores vergüenzas europeas. Muchas son las cosas que así lo demuestran, pero la última, en mi opinión, es de tales dimensiones que superan toda falta de credibilidad en la gestión del ámbito del ministerio de la justicia oficial. Algo que debe ser una de las más destacadas funciones de cualquier estado democrático serio, y firme, aunque racional, en sus actuaciones, instrucciones y sentencias.

Lo sucedido con el juez Baltasar Garzón, respetado internacionalmente por la ciudadanía más racional y sensata, así como por los representantes más destacados de la función judicial, no tiene explicación. Una pandilla hilvanada con los flecos franquistas más despreciables, quienes tuvieron a España y a sus ciudadanos, arrodillados durante cuatro décadas, y lo que siguió, de la manera más cruel y despiadada, se han atrevido a poner en tela de juicio y sentar en el banquillo, a un hombre de una probidad inmaculada, y de un comportamiento, en su actividad profesional, fuera de toda duda.

Como siempre, España y sus instituciones dejan mucho que desear ante la abochornada y espantada comunidad internacional. Estaría bueno, que un grupo de epígonos nazis o fascistas italianos, llevasen a una persona de tales características hasta el banquillo de los acusados, por defender los derechos de los familiares de aquellas personas que lucharon por las libertades y la legalidad, y que por ello, desgraciadamente, fueron cruelmente torturadas y asesinadas. La ciudadanía de esos paises se levantaría en acciones públicas contra tales atropellos y sus infaustos líderes. Y dejemos a un lado toda la verborrea y retórica de si estaba o no legitimado para emprender tales acciones. Cualquier aplicación de la justicia, resultaría injusta, aunque, si bien aplicando las leyes, ateniéndose a lo estrictamente legal, saliese de ello un mayor perjuicio. Y aún, dentro de una interpretación de la ley, si dejando a un lado ciertos matices confusos, y en apariencia no legítimos, de esa interpretación y sentencia, se obtuviese mayor beneficio para todos, ello sería lo adecuado y correcto, y así no violentaría al recto juicio. No olvidemos que muy por encima de todo tipo de leyes y decretos, muchas veces confeccionados de manera corporativista y multiformemente interesada, está su majestad: el sentido común.

Eduardo Fernández Rivas
Fiunchedo: 30-05-2010

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